Al realizarse una nota en un diario de este país Una publicada bajo el título “Lima necesita una buena cárcel” en mayo de 1853, daba cuenta del interés del sistema público por mejorar la infraestructura penitenciaria. “Aprovechando el viaje del doctor Mariano Felipe Paz Soldán (historiador y geógrafo peruano.) a Estados Unidos, el gobierno le había encomendado que inspeccione las cárceles más modernas y seguras de ese país y que recoja todos los datos pertinentes, con el objeto de utilizar ese material en el momento en que se decida construir una cárcel verdaderamente ejemplar en la capital de nuestro país. También debe informarse sobre los diversos regímenes carcelarios”, decía la noticia, según reporta la investigación “Camino a la prisión empresa”, elaborada por el Instituto de Cultura y Política (ICP).
Hoy, a más de 150 años de esta breve publicación, el deseo de contar con cárceles modelo que garanticen la seguridad interna y externa de los penales sigue intacto, aunque la situación es diferente a la de hace dos siglos. Hoy son los hacinamientos y la sobrepoblación en las cárceles existentes los que obligan al gobierno a buscar un mecanismo que permita invertir en nuevas cárceles e impulsar una operación más eficiente del sistema carcelario. Para ello se optó por el sistema de moda en el mundo: la privatización de las cárceles, entregar concesiones para que sean empresas especializadas las que construyan y operen los nuevos penales que deben construirse en el país. Se trata de un plan complejo que todavía no tiene todos los detalles resueltos: no está claro el número de cárceles a las que podrán optar los privados interesados y tampoco los postores ni el presupuesto que el Estado destinará para pagar por estos servicios.
Habría que señalar el déficit de infraestructura, que redunda en hacinamiento; la sobrepoblación de reclusos que pugnan pena privativa a pesar de no existir sentencia sobre muchos de ellos; el problema vinculado con la alimentación y sanidad de los presos; la inexistencia de efectivos programas de educación y resocialización; la presencia de motines que terminan a veces con la pérdida de vidas humanas; la existencia de corrupción al interior de los penales; déficit en la seguridad y vigilancia de las cárceles, entre otros problemas de administración y gestión.
En Diciembre del 2008 hubo una sobrepoblación de 86% en los 79 establecimientos e incluso en hacinamiento es mas marcado en Lima.
CONCLUSIONES
El problema, además de la mala calidad de vida de los presos, es que el hacinamiento y la sobrepoblación impiden una adecuada clasificación y tratamiento penitenciario. Con ello, es imposible pensar en planes efectivos de resocialización o readaptación que permitan reincorporar al interno a la sociedad. Esto no facilita la readaptación a través de puestos laborales en los mismos centros penitenciarios, que es el medio más eficaz de reinserción social, permitiendo así dar una oportunidad a los mismos.
La concesión es el camino que se debe tomar para operar los futuros penales por tal motivo el Estado peruano ha desarrollado un plan de construcción de nuevas cárceles en el país.
Por otro lado frente al problema de hacinamiento y deficiencias en la alimentación en los internos se debería consignar que todo recluso tendría que recibir de la administración, a las horas acostumbradas, una alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas.
Se debería mejorar las condiciones de internamiento, mejorando la cobertura de atención de la población penitenciaria a través de equipos profesionales de médicos, psicólogos, asistentes sociales, abogados, profesores, nutricionistas, entre otros, en base al presupuesto estatal, aunque limitado, así como el apoyo de organismos cooperantes.
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